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Conforme los imperialistas estadounidenses aprietan el cerco a China - Los estalinistas vietnamitas alimentan el frenesí antichino ¡Por la revolución política obrera de Hanoi a Beijing! (Octubre de 2014)

2016.06.07 02:44 ShaunaDorothy Conforme los imperialistas estadounidenses aprietan el cerco a China - Los estalinistas vietnamitas alimentan el frenesí antichino ¡Por la revolución política obrera de Hanoi a Beijing! (Octubre de 2014)

https://archive.is/e9XI7
Espartaco No. 42 Octubre de 2014
Durante varios días a mediados de mayo, más de 20 mil vietnamitas ondeando banderas y blandiendo barras de metal causaron destrozos por los parques industriales del centro y el sur de Vietnam. Dieron caza a obreros chinos e incendiaron fábricas de propiedad china y de otros países, gritando: “¡Somos vietnamitas!”. Estos desmanes fueron el punto álgido de una serie de protestas antichinas que abarcaron al menos 22 de las 63 provincias de Vietnam, dejando 20 muertos y casi 100 heridos. Beijing envió una pequeña flota para evacuar a sus connacionales. Tratando de impedir que los inversionistas extranjeros abandonaran el país, los burócratas estalinistas vietnamitas procedieron a jalar las riendas del frenesí antichino que habían desatado.
La razón expresa de estos sangrientos motines nacionalistas fue el despliegue por parte de China de una plataforma de perforación petrolera para aguas profundas, de mil millones de dólares, cerca de las Islas Paracelso, a medio camino entre Vietnam y China. Vietnam también movilizó a su armada y a su guardia costera para encarar a las cerca de 80 naves chinas que acompañaban a la plataforma, lo que resultó en choques y escaramuzas periódicas entre ambos países.
Lo que está detrás de esta confrontación es que el gobierno vietnamita se ha alineado directamente con Estados Unidos en la campaña de los imperialistas para cercar a China, el más poderoso de los países que quedan donde el dominio capitalista-imperialista fue derrocado. La burocracia estalinista china está tratando de echar atrás los intentos estadounidenses de dominar el Mar de China Meridional. Un componente crucial de la estrategia estadounidense es tender lazos más estrechos con Vietnam, que, al igual que China, es un estado obrero burocráticamente deformado. Hoy, la guardia costera vietnamita está parcialmente subvencionada por Estados Unidos, que junto con Japón también la entrena.
Las acciones vietnamitas tuvieron lugar tras la gira asiática de Obama que, como señaló CNN, no se trató más que de “China, China, China”. Aunque Obama no logró asegurar compromisos firmes de ingreso al Acuerdo Transpacífico —el intento estadounidense de crear un bloque económico asiático dirigido contra China—, el jefe imperialista sí tuvo éxito en el área militar. En Japón, expandió los parámetros del añejo tratado de seguridad japonés-estadounidense para incluir las islas Diaoyu/Senkaku del Mar de China Oriental, un vínculo de importancia estratégica en el perímetro militar de China. Apoyamos el reclamo de China de estas islas contra el Japón imperialista (ver “U.S., Japanese Provocations in East China Sea” [Provocaciones de Japón y EE.UU. en el Mar de China Oriental], WV No. 1041, 7 de marzo).
En las Filipinas, una neocolonia de EE.UU., el Comandante en Jefe estadounidense firmó un nuevo pacto militar de diez años que le permitirá a las tropas, naves y aviones estadounidenses un mayor acceso a las bases ahí. Con el gobierno malayo se estableció una nueva “colaboración amplia” que incluye el reforzamiento de la “seguridad” y la cooperación en áreas de “defensa”. Exigimos el retiro de todas las bases y de los 80 mil efectivos estadounidenses de toda la región del Pacífico asiático, como parte de la lucha por movilizar a la clase obrera estadounidense contra sus propios explotadores y las depredadoras aventuras militares imperialistas.
Vietnam se une al eje estadounidense contra China
Hace cuatro décadas, los heroicos obreros y campesinos vietnamitas humillaron al imperialismo estadounidense en el campo de batalla en una revolución social victoriosa contra el dominio de los terratenientes y los capitalistas. El costo fue elevado: casi tres millones de vietnamitas murieron y muchos más quedaron lisiados. Hasta la fecha, Vietnam sufre de un alto índice de malformaciones congénitas debido a las millones de toneladas del defoliante Agente Naranja que arrojaron los aviones estadounidenses. Vengativo, Estados Unidos impuso un embargo hambreador que no se levantó sino hasta finales de los años 90.
Es una amarga ironía el que hoy Vietnam esté actuando de común acuerdo con el imperialismo estadounidense en contra de China. El reacercamiento diplomático de los estalinistas vietnamitas con Washington es producto del aislamiento del país tras la destrucción contrarrevolucionaria de la Unión Soviética, así como de las constantes presiones de la pobreza y la histórica enemistad mutua entre Vietnam y China, su vecino mayor y más fuerte. Este reacercamiento comenzó con la visita del demócrata Bill Clinton a Vietnam en 2000, la primera de un presidente estadounidense desde la derrota imperialista. Siguiendo los pasos de su marido, diez años después Hillary Clinton declaró durante una reunión de los estados miembros de la ANSA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), celebrada en Hanoi, que EE.UU. tiene un “interés nacional” en el Mar de China Meridional. Desde entonces, los lazos diplomáticos, económicos y militares de Estados Unidos con Vietnam han aumentado. Se informó que durante el motín antichino que ocurrió en el parque industrial Binh Duong, en las afueras de Ciudad Ho Chi Minh, una planta de electrónica en la que ondeaban las banderas estadunidense y vietnamita no fue tocada.
El primer ministro vietnamita Nguyen Tan Dung ha llamado a Estados Unidos a desempeñar un papel más contundente en la región. Altos mandos militares de ambos países se han reunido y los barcos de guerra estadounidenses ya tienen permiso de usar los puertos vietnamitas. En una visita a Washington en julio de 2013, el presidente vietnamita Truong Tan Sang y Obama anunciaron una asociación amplia estadunidense-vietnamita que, en palabras de East Asia Forum (6 de agosto de 2013), le dará a Vietnam “más confianza —y sin duda más opciones— al enfrentar a China en el Mar de China Meridional”.
Para cimentar el acuerdo, en diciembre John Kerry prometió 18 millones de dólares en nueva ayuda para ampliar la capacidad de las patrullas costeras, empezando con el entrenamiento y aprovisionamiento de cinco buques patrulla rápidos de la guardia costera vietnamita. El 20 de mayo, Vietnam se sumó a la Iniciativa de Seguridad Contra la Proliferación, creada por George W. Bush, que permite a los estados miembros detener cualquier embarcación que lleve carga “a un destinatario que pueda dañar a Estados Unidos u otro país”.
Las medidas estalinistas benefician al imperialismo
Caracterizar a China y a Vietnam como estados obreros deformados significa que la economía de ambos países se basa en formas de propiedad colectivizadas, que hicieron posible un tremendo salto en los estándares de vida y las condiciones sociales de las masas trabajadoras. Pero, al mismo tiempo, la clase obrera no posee el poder político, no controla la producción y no decide la política internacional. Estamos por la defensa militar incondicional de estos países contra el imperialismo y la contrarrevolución, mientras luchamos por una revolución política obrera que eche a las castas burocráticas parasitarias.
Formadas y organizadas sobre una base nacional, las burocracias de cada estado obrero deformado procuran maximizar sus propios privilegios económicos y su control político de la sociedad. El dogma antimarxista del “socialismo en un solo país”, que Stalin postuló originalmente en 1924 como la ideología de la burocracia conservadora que se consolidaba en la Unión Soviética, está en la raíz misma de las medidas nacionalistas de todos los regímenes estalinistas. Con la esperanza de aplacar a las potencias imperialistas, Stalin fue alejando a los partidos comunistas en todo el mundo de cualquier lucha por derrocar a sus propios gobernantes y los condujo a presionar a esos mismos gobernantes a que “coexistieran” pacíficamente con la URSS. La misma política suicida la comparten hoy Beijing y Hanoi, y los lleva periódicamente a alinearse con potencias imperialistas conforme los burócratas procuran defender el “socialismo” de su propio país a expensas de otros estados obreros.
A finales de los años 50 y durante todos los 60, el antagonismo entre la Unión Soviética y Beijing creció hasta convertirse en una escisión total. Entre las traiciones que marcaron esta escisión estuvo la entrega por parte del Kremlin de aviones de combate MiG a la India capitalista durante la guerra fronteriza que ésta tuvo con China en 1962, así como el que China interrumpiera ocasionalmente el flujo de la ayuda soviética a Vietnam durante la guerra de éste con Estados Unidos. Mao declaró que el “socialimperialismo soviético” era su enemigo principal, lo cual le hacía el juego al objetivo estratégico de los gobernantes estadounidenses de destruir al estado obrero degenerado soviético, entonces el principal obstáculo a la dominación mundial por parte de EE.UU. La posición del Partido Comunista Chino lo llevó a una alianza antisoviética con el imperialismo estadounidense, sellada con la visita de Richard Nixon a China en 1972, durante la cual brindó éste con champaña con Mao mientras EE.UU. aumentaba sus bombardeos a Vietnam y sembraba de minas el puerto de Hai Phong.
En 1979, China invadió Vietnam, fungiendo como peón del imperialismo estadounidense. La invasión tuvo lugar en la secuela de la visita del líder chino Deng Xiaoping a Estados Unidos en busca de inversión extranjera. Recientemente los estalinistas chinos han trabajado mano a mano con los imperialistas para fijar sanciones a Corea del Norte en castigo por haber puesto a prueba su sistema de armas nucleares. Con medidas como ésa, las burocracias estalinistas minan peligrosamente la defensa de las conquistas sociales de las revoluciones que derrocaron el dominio capitalista.
Un ejemplo de cómo la burocracia vietnamita promueve el reaccionario chovinismo antichino entre los obreros y campesinos fue una ceremonia celebrada por vez primera en Hanoi en enero para protestar por la toma de las Islas Paracelso por China en 1974. Tradicionalmente, este aniversario era conmemorado por los emigrados contrarrevolucionarios vietnamitas en ultramar, resentidos porque China le arrebató las islas al gobierno capitalista de Vietnam del Sur, un títere de Estados Unidos. Sin embargo, este año los manifestantes corearon en Hanoi consignas antichinas, mientras dejaban flores a los pies de la estatua del emperador del siglo XI Ly Thai To.
Tratando de explicar cómo es que dos países “comunistas” pueden enfrentarse en un conflicto militar, el 22 de mayo el Workers World Party (WWP, Partido Mundo Obrero) escribió una editorial completamente en línea con su tradición estalinoide y su liberalismo totalmente antimarxista. Sobre la base de que China es una “potencia” y Vietnam un “país relativamente pequeño y subdesarrollado”, llaman a China “a dar el primer paso para reducir esta crisis”. Aunque dice defender a ambos países contra el imperialismo y la contrarrevolución capitalista, el WWP no reconoce el hecho de que Vietnam le está tendiendo la mano a Estados Unidos conforme éste aprieta el nudo en torno a China. Usando un lenguaje común a todo el mundo, desde los derechistas neoconservadores hasta Obama y los socialdemócratas anticomunistas, el WWP le exige a China “borrar todo rastro de dominación de gran potencia”. Negándose a distinguir entre los estados obreros y sus gobernantes burocráticos que tratan de conciliarse con el imperialismo, el WWP no puede sino rogarle a los estalinistas que hagan lo correcto.
Si los imperialistas consiguen transformar nuevamente a China en una gran maquiladora mediante la contrarrevolución capitalista, ello le daría una inyección de adrenalina a todo el decadente sistema imperialista de ganancias. Tanto el cerco militar como la penetración económica desempeñan un papel en el cumplimiento de ese fin. El “socialismo con características chinas” de Beijing ha significado dar un impulso a las empresas avocadas a la producción de ganancias y la bienvenida a los inversionistas, tanto chinos de ultramar como imperialistas. Esas medidas han aumentado agudamente la desigualdad y favorecido el crecimiento de las fuerzas capitalistas al interior de China.
Sin embargo, el impacto de la inversión imperialista en China y Vietnam es contradictorio: el crecimiento económico ha aumentado el ingreso y ha producido el crecimiento significativo de un proletariado joven y urbano. Los burócratas de ambos países entienden que están sentados sobre un volcán de descontento social. Aunque no tiene la infraestructura ni la tecnología sofisticada de China, Vietnam cuenta con un proletariado vibrante y combativo que ha estado luchando contra los bajos salarios, la inflación, la creciente desigualdad y la corrupción de la burocracia, estallando más de 800 huelgas sólo en 2011. En muchos casos, sus explotadores son los mismos, como la manufacturera taiwanesa de zapatos deportivos Yue Yuen, que enfrentó la mayor huelga de China en décadas y que fabrica un tercio de su producción total en Vietnam.
Si en Beijing y Hanoi hubiera gobiernos obreros revolucionarios, el conflicto por las Paracelso se resolvería fácilmente; ambos países compartirían tecnología y cooperarían en el desarrollo de los recursos naturales del área, defendiéndose mutuamente del imperialismo. El programa trotskista de revolución política proletaria —el derrocamiento de las burocracias estalinistas y el establecimiento de gobiernos basados en consejos de obreros, campesinos y soldados— constituye la única defensa verdaderamente efectiva de estos estados y forma parte de la estrategia de revoluciones proletarias al nivel internacional para poner fin al orden imperialista.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/42/vietnam.html
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2016.06.05 18:17 ShaunaDorothy ¡Abajo la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales! ¡Por la liberación de la mujer mediante la revolución socialista! (1-2) (Septiembre de 2013)

https://archive.is/rirsn
Espartaco No. 39 Septiembre de 2013
Traducido de Spartacist South Africa No. 9 (invierno de 2013), publicación de la sección sudafricana de la Liga Comunista Internacional.
En diciembre de 2011, el gobierno presentó una nueva Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales. Esta ley otorgaría a los dirigentes tradicionales, encabezados por los jefes tribales, un poder legal sin frenos sobre 17 millones de habitantes negros de las áreas rurales, balcanizadas en torno al origen tribal sobre las mismas líneas promovidas durante el apartheid. Los jefes adquirirían el poder adicional de crear leyes, juzgar casos y dictar castigos —incluyendo desalojos y trabajo forzado sin paga—, frecuentemente sin posibilidad de apelación.
Las mujeres negras, las “esclavas de los esclavos”, son las que tienen más que perder con esta propuesta de ley, que se sumaría al sufrimiento causado por la abrumadora pobreza y la triple opresión. Las atrasadas prácticas tradicionales que oprimen a la mujer son muy extendidas: desde el lobola [precio de novia], la poligamia forzada y el ukuthwala (matromonio por rapto), hasta las pruebas de virginidad, todas ellas reforzadas por los líderes tradicionales. Con frecuencia, las mujeres no tienen el derecho de representarse a sí mismas en los tribunales tradicionales. En cambio, se les obliga a ser representadas por sus maridos u otros hombres de su familia.
Después de que el parlamento burgués discutió la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales a finales de 2012, el Congreso Nacional Africano (CNA) y el gobierno esparcieron la falsa idea de que la propuesta había sido retirada. Este método es frecuentemente utilizado para apaciguar la rabia en contra de las nuevas leyes que resultan particularmente impopulares (trucos similares fueron utilizados con la Propuesta de Ley para la Protección de la Información del Estado, que ya ha sido aprobada). La verdad es que la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales está actualmente siendo analizada por los gobiernos provinciales y aprobarla sigue siendo sin duda uno de los objetivos del gobierno de la Alianza Tripartita del CNA, el Partido Comunista de Sudáfrica (PCS) y el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU).
La propuesta de ley es parte del recrudecimiento de la represión estatal en respuesta al creciente descontento social. Para administrar el sistema capitalista del neoapartheid, los dirigentes de la Alianza se vieron obligados a recurrir a las mismas armas utilizadas por sus propios carniceros durante el apartheid. El gobierno encabezado por el presidente Jacob Zuma, en particular, ha optado por exacerbar los venenosos sentimientos tribales y el chovinismo contra los inmigrantes, refinando al mismo tiempo las herramientas más represivas del estado: masacres de huelguistas, brutalidad policiaca, estados de emergencia de facto, etc. El fortalecimiento de los jefes, de las divisiones tribales y de las atrasadas tradiciones es parte del paquete del dominio del neoapartheid.
La propuesta de ley también subraya una lección fundamental: las luchas de liberación nacional encabezadas por nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses son incapaces de garantizar derechos reales y duraderos para las mujeres. A lo largo de sus 101 años de historia, el programa y la política del CNA han estado guiados por el objetivo de engendrar una capa de capitalistas negros que pudiera participar en la explotación de “su propio pueblo” —una tarea que no querían dejar exclusivamente en las manos de los capitalistas blancos y extranjeros—. La interpenetración de los líderes del CNA con los jefes tribales y otros dirigentes tradicionales ha sido una parte integral de su programa, así como una indicación clara de que este partido representa al enemigo de clase de la liberación de los obreros, las mujeres y la mayoría negra oprimida en general.
Basta con ver el caso de Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela y miembro del CNA en el parlamento. Como jefe del consejo tradicional de Mvezo en la provincia de Eastern Cape se ha vuelto notorio por utilizar su puesto para enriquecer a su familia y suprimir críticas y desafíos, al tiempo que promueve el atraso más terrible para apuntalar su régimen despótico. En 2010, por ejemplo, defendió oficialmente la bárbara práctica “cultural” de secuestrar mujeres (particularmente las jóvenes) conocida como ukuthwala, declarando frente a un comité parlamentario sobre el desarrollo rural y la reforma agraria que: “para que una mujer sea desposada a través del ukuthwala, el proceso no tiene nada que ver con la edad. Si quieren discutir sobre la cultura, no traten siquiera de mencionar nociones blancas porque eso pondría todo de cabeza”. En 2011, tres de los “súbditos” de Mandela en Mvezo lo llevaron a juicio después de que ordenó que fueran desalojados de su tierra ancestral, en la que enterraban a sus muertos, para dar paso a que los desarrolladores capitalistas construyeran un hotel y un estadio.
La ideología nacionalista burguesa ha relegado siempre a las mujeres al papel de “productoras de bebés” y sirvientes de los hombres. Los capitalistas y sus lacayos son enemigos de la liberación de la mujer. Como marxistas revolucionarios, ateos y combatientes por la liberación de la mujer, nos oponemos fervientemente a la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales y tratamos de unir la lucha contra esta propuesta reaccionaria con la lucha necesaria más amplia en contra del sistema capitalista de explotación entero. La lucha por la liberación de la mujer es inseparable de la lucha por la revolución socialista, y ambas requieren un combate por que la clase obrera rompa con la influencia del nacionalismo burgués en el proceso de forjar un partido leninista que actúe como tribuno del pueblo. La clase obrera en su conjunto tiene un interés vital en detener esta reaccionaria propuesta de ley, que también será utilizada para sofocar aún más cualquier lucha en contra del régimen del neoapartheid.
Los jefes tribales: Herramientas de la racista opresión capitalista
La vida para las masas negras en los antiguos bantustanes es un infierno, particularmente para las mujeres; los dirigentes tradicionales desempeñan un papel central en imponer esta miseria y mantener a la población a raya. Estudios realizados por el Rural Women’s Movement [Movimiento de Mujeres Rurales] han descubierto casos en pueblos rurales de KwaZulu-Natal en los que los padres de mujeres embarazadas fuera del matrimonio son obligados a pagar multas a los jefes tribales de hasta mil rands o una vaca. Cuando no se pagan las multas, los jefes tribales les quitan a las familias el “derecho” de enterrar a sus seres queridos. Hay un desenfreno de abusos despóticos de todo tipo, incluida la continua imposición de “impuestos” arbitrarios para financiar el estilo de vida parasitario de los dirigentes tradicionales.
Una de las prácticas más brutalmente opresivas y atrasadas llevadas a cabo contra las mujeres en nombre de la tradición es la mutilación genital femenina (MGF), también conocida como la circuncisión femenina. Frecuentemente acompaña a la circuncisión masculina en sociedades donde la cultura busca marcar una aguda distinción entre sexos/géneros cuando los niños alcanzan la pubertad, y continúa siendo practicada en partes de la Sudáfrica rural, aunque el gobierno no reconoce su existencia. La MGF es un crimen horrendo contra las mujeres, que debe ser rechazado de forma categórica e incondicional. En contraste, la circuncisión masculina, cuando es realizada bajo condiciones médicas adecuadas, deja deformaciones infinitamente menos serias. Sin embargo, decenas de niños sudafricanos mueren cada año como resultado de circuncisiones mal realizadas en las escuelas de iniciación tradicionales. Esto subraya la férrea hostilidad de los líderes tradicionales a los avances tecnológicos occidentales en la medicina y la poca importancia que le dan a la vida de los negros. En mayo de este año, más de 20 niños murieron en tan sólo una semana en la provincia de Mpumalanga. La ministro provincial de “salud” Matshego Dlamini, del CNA, ¡justificó grotescamente esta situación y explicó su negativa a intervenir al decir: “Esta es una tradición; como mujer, yo no puedo ir. Muertos o no, es una tradición”!
El puesto de jefe tribal es bastión de la reacción, remanente de una sociedad precapitalista, que sobrevivió gracias a la amplia colaboración con los antiguos gobernantes coloniales y del apartheid. A lo largo del sur de África, los jefes luchan a capa y espada para negarle a las mujeres el derecho al aborto y otros derechos democráticos esenciales. Entre los jefes tribales y el gobierno del CNA hay una interpenetración importante. Esto ayuda a los jefes a incrementar su poder y riqueza, y éstos, a su vez, desempeñan un papel muy importante reprimiendo a la población rural negra y llevándola como ganado a votar por el CNA.
En un discurso de 2012 en la Cámara Nacional de Líderes Tradicionales en defensa de la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales, Zuma arremetió contra los intelectuales negros que han criticado la propuesta: “Hay africanos que se han vuelto muy listos y toman una posición (en la que) se vuelven de lo más elocuentes criticándose a sí mismos por sus tradiciones y todo lo demás”. Zuma, cuyo gobierno había masacrado 34 mineros negros en huelga tan sólo unos meses atrás para defender las ganancias de la británica Lonmin Platinum, continuó demagógicamente: “Resolvamos los problemas africanos a la manera africana, no a la manera del hombre blanco”. De hecho, la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales le debe mucho a la tradición de los gobernantes blancos —desde los imperialistas británicos en el periodo colonial hasta los nacionalistas afrikaner durante el apartheid— que aprovecharon y reforzaron los aspectos más retrógrados de la cultura tribal y tradicional para apuntalar sus regímenes y acumular ganancias gracias al sudor y la sangre de las masas negras.
Un ejemplo perfecto es la Ley de Administración Nativa de 1927, que creó tribunales supremos, civiles, de divorcio y de apelación bajo control de los jefes y líderes tribales, reforzando e imponiendo divisiones tribales sobre la población negra. Esa ley codificó el estatus de menor de edad asignado a las mujeres por las costumbres tradicionales, decretando: “Una mujer negra...que forma parte de una unión tradicional y que vive con su marido será considerada una menor y su marido será considerado su guardián”. Esta ley fue parte de una serie implementada por los gobernantes británicos en su campaña por arraigar el sistema de trabajadores migrantes: la Ley de Amos y Sirvientes, las Leyes de Tierras Nativas a partir de 1913, la Ley de Áreas Urbanas y diversas Leyes de Pases e Impuestos Comunitarios, utilizadas todas para arrebatarle a los negros su tierra y crear una fuente de mano de obra negra barata y sin derechos.
Después de llegar al poder en las elecciones de 1948, el gobierno del Partido Nacional refinaría este sistema racista y lo llevaría a nuevos extremos bajo el apartheid. Como señala “‘One Chief, one vote’: The revival of traditional authorities in post-apartheid South Africa” (“Un jefe, un voto”: el resurgimiento de las autoridades tradicionales en la Sudáfrica del postapartheid, African Affairs, 1997): “Las reservas africanas en el campo desempeñaron un papel crucial en los intentos del gobierno por establecer un control más estrecho sobre la mano de obra africana... En los pueblos africanos, la administración de los pases y de las oficinas laborales, donde había que renovar anualmente los permisos, era responsabilidad del jefe tribal”.
El sistema de trabajadores migrantes era el corazón del apartheid: los negros sudafricanos fueron reducidos al nivel de extranjeros desposeídos en su propio país y los estados negros vecinos a colonias laborales para las minas, las fábricas y las granjas de Sudáfrica. Miles de obreros, mutilados de por vida mientras trabajaban para la clase dominante blanca, eran arrojados de vuelta a los bantustanes. La peor parte de este sistema se la llevaban las mujeres relegadas a las “patrias”, sumergidas en niveles inenarrables de pobreza.
El sistema de trabajadores migrantes y la superexplotación de la fuerza de trabajo mayoritariamente negra siguen en la base del sistema capitalista de la “nueva Sudáfrica”, sólo que ahora la Alianza Tripartita dirigida por el CNA es la que desempeña el papel de supervisor negro al servicio de la clase dominante, que sigue siendo predominantemente blanca. Este hecho, así como el papel de los dirigentes tradicionales en este sistema, fue subrayado por David van Wyk, un investigador de la Bench Marks Foundation que señaló en entrevista con Amandla! (septiembre de 2012): “Un gerente de personal de Angloplats me dijo que están utilizando concejales y jefes locales como encargados de reclutamiento. Una mujer me dice que fue a cinco entrevistas y en todas le pidieron sexo, y en todas se negó y en ninguna obtuvo el trabajo. [Es como] lo que decían de la Kenya post-colonial, que ‘los contratos son firmados sobre los muslos de las mujeres’”.
Como comunistas, buscamos erradicar el sistema inherentemente racista de trabajadores migrantes. Esto implicaría, por una parte, inversiones masivas para promover el desarrollo económico y social de las áreas rurales aquí y en los países vecinos. También implicaría un importante programa para proporcionar vivienda accesible y de calidad para todos en las ciudades y otras áreas en las que la industria actualmente está concentrada, incluidas viviendas decentes para que los trabajadores y sus familias vivan cómodamente. Los capitalistas y su gobierno no van a hacer nada por el estilo, porque no sirve a sus intereses de clase. Lo que se necesita es un gobierno obrero centrado en los negros, parte de una federación socialista del sur de África, para construir una economía socialista planificada en la que la producción esté organizada para servir a los intereses de la mayoría y no a las ganancias de una minoría asquerosamente rica.
Los dirigentes del COSATU nunca han combatido en lo fundamental el sistema de trabajadores migrantes o su contraparte, el “servicio doméstico” en Sudáfrica para las mujeres africanas que han logrado salir de la desolación de las áreas rurales. No es accidental; al contrario, es la conclusión lógica de su traicionera política de colaboración de clases, que ata a la clase obrera al CNA nacionalista burgués a través de la Alianza Tripartita. En la lucha contra el sistema de trabajadores migrantes es indispensable combatir políticamente a los jefes sindicales colaboracionistas de clase.
La erradicación del sistema de trabajadores migrantes está también íntimamente relacionada con la cuestión de la tierra, un tema candente al centro de la desposesión de la mayoría no blanca. A un siglo de la Ley de Tierras Nativas de 1913, la minoría blanca todavía posee más del 70 por ciento de la tierra rural arable y de la urbana. Nosotros luchamos por la expropiación de las grandes granjas en manos blancas y por su transformación en granjas colectivas y estatales bajo dominio obrero. Gran parte de la tierra restante en las áreas rurales está ahora bajo control de los jefes tribales, como resultado de la Ley de Derechos sobre la Tierra Comunitaria de 2004, que les otorgó control sobre la tierra de sus súbditos. Un gobierno obrero centrado en los negros pondría fin a los privilegios y el poder de estos déspotas rurales.
Durante la fundación en 1912 del CNA (llamado inicialmente Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica), un número considerable de delegados eran jefes tribales, lo que llevó a la creación de una “Cámara Alta” para acomodar a los líderes tradicionales que se habían unido a la organización. Junto con los intelectuales, los abogados y otros representantes de la pequeña burguesía negra que formó el CNA, los jefes tribales tenían como principal objetivo rogar a los gobernantes coloniales británicos que les dieran la posición privilegiada de aristocracia negra dentro del sistema de dominio capitalista blanco. Por ejemplo, durante su fundación en 1912, ¡el CNA trazó como uno de sus cinco objetivos básicos “promover el entendimiento entre los jefes, lealtad a la corona británica y a todas las autoridades legales y promover el entendimiento entre los sudafricanos blancos y negros”!
Posteriormente, el CNA adoptaría una fachada más populista para atraer el apoyo de las masas, ejemplificada por el Freedom Charter [Carta de la Libertad] de 1955, un programa populista burgués. Esto se debió en gran medida a la negativa por parte de los gobernantes blancos de conceder siquiera las concesiones más limitadas, incrementando en cambio la represión contra cualquier forma de actividad política negra independiente, incluyendo, para inicios de la década de 1960, declarar al CNA y otras organizaciones nacionalistas negras como ilegales. Al mismo tiempo, los gobernantes del apartheid buscaron cooptar a los jefes tribales y utilizarlos para vigilar a la población negra a través del odiado sistema de los bantustanes. En su enorme mayoría, los jefes colaboraron voluntariamente, un hecho que produjo considerable hostilidad contra los jefes entre las bases del movimiento del Congreso dirigido por el CNA y otras alas del movimiento contra el apartheid.
Algunas de las expresiones más agudas de esta hostilidad tuvieron lugar en la década de 1980, al tiempo que huelgas masivas de sindicatos negros y revueltas en los townships sacudían al país. Sin embargo, los llamados de los dirigentes del CNA a “hacer ingobernable el país” nunca tuvieron como objetivo lanzar una lucha para derrocar a los odiados gobernantes del apartheid; por el contrario, los dirigentes nacionalistas estaban explotando cínicamente la combatividad de las masas para intentar presionar a los gobernantes blancos a negociar un acuerdo. Al mismo tiempo, buscaron restablecer los lazos con los líderes tradicionales que habían colaborado con el gobierno del Partido Nacional, intentando proporcionarles credenciales “liberadoras” a través de la creación de una mitología sobre la resistencia de los líderes tribales al apartheid. En 1987, el CNA lanzó CONTRALESA (Congreso de Líderes Tradicionales) como una organización de jefes tribales “progresistas”, anunciada como “los jefes de vuelta entre el pueblo”. Desde que llegó al poder en 1994 tras el acuerdo con los gobernantes blancos, el gobierno de la Alianza Tripartita ha estado a cargo de administrar el mismo sistema de extracción de ganancias de antes. Simplemente heredaron las estructuras que existían bajo el apartheid.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/39/tribunales.html
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2016.06.05 00:19 ShaunaDorothy Tras la masacre de Newtown - Hipocresía burguesa y ardides por el control de armas (Febrero de 2013)

https://archive.is/jhJNJ
Espartaco No. 37 Febrero de 2013
Tras la masacre de Newtown
Hipocresía burguesa y ardides por el control de armas
El siguiente artículo ha sido traducido de Workers Vanguard No. 1015 (11 de enero de 2013), periódico de nuestros camaradas de la Spartacist League/U.S.
Perpetrada en la secuela del asesinato de doce espectadores de una película en Aurora, Colorado, el 12 de julio de 2012, la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, llevada a cabo en diciembre por un individuo demente, llevó, como cabía prever, a un clamor renovado por que se limite más la posesión de armas de fuego en EE.UU. Con el presidente estadounidense Obama declamando que “no hay excusa para la inacción”, el New York Times (19 de diciembre) llamó a restaurar y fortalecer la prohibición de rifles de asalto que expiró en 2004. El 3 de enero, el primer día de sesiones de la nueva legislatura, se presentaron diez proyectos de ley sobre control de armas. Estas medidas prohibirían la posesión y transferencia de armas con cargadores de alta capacidad de municiones y requerirían una base de datos nacional de gente sin derecho a comprar armas de fuego, así como investigaciones de antecedentes para las transacciones en exhibiciones de armas, entre otras cosas.
Tal como las fuerzas reaccionarias de “la ley y el orden” señalan los asesinatos particularmente horrendos para impulsar una mayor aplicación de la bárbara y racista pena de muerte, así los liberales aprovechan las masacres como las de Virginia Tech y ahora Newtown para impulsar mayores restricciones o la prohibición total de la posesión de armas de fuego. El resultado en todos estos casos es que los derechos básicos de la población se ven pisoteados y el estado capitalista consolida y expande aun más sus asesinos poderes represivos.
Sólo un sociópata negaría el horror de lo que ocurrió en Newtown. Pero lo que está en juego ahora es una campaña renovada por parte del estado capitalista para imponer su monopolio de la violencia al destripar más aún el derecho a portar armas, el cual se codificó en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. Los marxistas nos oponemos a las leyes de control de armas y defendemos el derecho a la autodefensa armada, una necesidad de los trabajadores, los negros, las demás minorías y la población en su conjunto.
Un artículo de opinión en el New York Times (17 de diciembre) titulado “Reason to Hope After the Newtown Rampage” [Razones para tener esperanza tras la masacre de Newtown] presentaba a la población prácticamente deseosa de ceder sus derechos, y proclamó: “Los estadounidenses estamos dispuestos a cargar con el peso, como lo estuvimos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, al aceptar el aumento en la seguridad cuando viajamos y acciones militares que antes hubiéramos evitado”. Eso es lo que dicen. El 3 de enero el presidente Obama continuó la campaña por el “aumento de la seguridad” al firmar la Ley de Autorización de la Defensa Nacional —el proyecto de ley anual de las apropiaciones militares— que permite la detención indefinida de ciudadanos estadounidenses.
El derecho a portar armas surgió de la Revolución Estadounidense y tuvo su antecedente en la Inglaterra de un siglo antes. A lo largo de las revoluciones burguesas de Europa y Norteamérica, que abarcaron desde el siglo XVII a mediados del siglo XIX, el principio de armar al pueblo, incluyendo el concepto de milicia popular, se consideraba parte de una defensa vital contra la tiranía. Pero, como señalamos en “The Second Amendment to the U.S. Constitution” [La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense] (ver WV No. 1015, aparecido por primera vez en Spartacist [Edición en inglés] No. 43-44, verano de 1989): “Con la aparición en escena del proletariado como actor independiente, ‘el pueblo armado’ se volvió anacrónico, pues la población quedó polarizada sobre líneas de clase”.
Los regímenes despóticos prefieren mandar sobre sujetos indefensos; un pueblo armado puede resistirse. Para los negros, la autodefensa armada y otros derechos básicos fueron ganados con la Guerra Civil que aplastó a la esclavitud...e inmediatamente después estuvieron bajo ataque. En la lucha por construir y defender sindicatos, desde las minas de carbón de Virginia Occidental y Kentucky hasta los puertos y estaciones de carga camionera de la nación, los obreros se armaron para defenderse de los esquiroles rompehuelgas y la policía, los militares y los guardias de seguridad privada. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, los veteranos negros, con armas en las manos, conformaron la infantería de las primeras luchas contra el sistema de segregación Jim Crow en el Sur.
Sucede que los mismos que deciden a quién darle el privilegio de ejercer el derecho a portar armas son los mayores asesinos de masas que el mundo haya visto: la clase capitalista estadounidense. Incluso mientras Obama declaraba en Newtown que “estas tragedias deben terminar”, su aparato militar y de espionaje preparaba la siguiente ronda de ataques aéreos sobre Paquistán y Yemen. En un comentario titulado “Beyond Newtown” [Más allá de Newtown], el prisionero de la lucha de clases Mumia Abu-Jamal observó:
“A lo largo y ancho de Estados Unidos, ciudades en las dos costas y el Medio Oeste han sufrido pequeñas masacres, silenciosas y casi invisibles, donde decenas de padres pierden a sus hijos, las esposas a sus maridos y algunos maridos a sus esposas. Me refiero a la plaga de la violencia policiaca contra los negros en Nueva York, Chicago, Oakland y más allá”.
Ya por cierto tiempo, la lucha de clases y otras luchas sociales en este país se han encontrado en un punto bajo. Sin embargo, hay un enorme descontento social preparando el terreno para una lucha renovada. Los estadounidenses tienen armas y quieren conservarlas. Este es un hecho sociológico de la vida, y será un hecho útil cuando la masa de la población se sienta directa y abiertamente amenazada por un gobierno tiránico. Para los marxistas revolucionarios, lo crucial es que la clase obrera se levante como el defensor de todos los que sufren bajo la bota de los gobernantes capitalistas.
El estado capitalista: Portando armas contra el pueblo
Los llamados al control de armas emanados de la burguesía siempre han estado marcados por la más flagrante hipocresía. El ahora fallecido líder del clan Sulzberger, al que pertenece el New York Times y que está entre los principales exponentes del control de armas para las masas, era conocido por conservar una pistola en el cajón de su escritorio para lidiar con cualquier posible intruso hostil. El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, ciertamente no tiene por qué temer la confiscación estatal de las armas: tiene a su disposición al personal de la policía las 24 horas del día.
Se han burlado mucho de los recientes pronunciamientos de la bastante osificada National Rifle Association (NRA, Asociación Nacional del Rifle), y particularmente del discurso que pronunció su presidente donde levantó el llamado reaccionario a poner guardias de seguridad armados en todas las escuelas. Los alumnos de alrededor de un tercio de las escuelas públicas ya sufren revisiones y la arbitrariedad de guardias de seguridad e incluso de policías, particularmente en los guetos y barrios. Cabe señalar que actualmente la NRA está brindando el servicio útil de entrenar a maestros en algunos estados en el uso de armas de fuego.
La prensa liberal, a la que hacen eco los reformistas de la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional), lamenta que ésta sea una sociedad violenta (esa observación es similar a reconocer que a los calvos les falta pelo). De las barracas de los infantes de marina, donde el lema es “Mátenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”, a los púlpitos de las iglesias donde los médicos que practican abortos son considerados merecedores de la muerte, la verdad innegable es que la violencia “es tan estadounidense como la tarta de cereza”, como dijo el militante negro de los años sesenta H. Rap Brown.
El asesinato de masas es un fenómeno frecuente en EE.UU. —y es normalmente el estado el que lo lleva a cabo—. En 1921, la policía de Tulsa bombardeó a la comunidad negra segregada, matando a 75 personas. En mayo de 1985, el alcalde de Filadelfia, el demócrata negro Wilson Goode, con la cooperación del FBI, mandó bombardear a la comuna MOVE, un grupo predominantemente negro con ideología de regresar a la naturaleza. El ataque mató a once personas, entre ellas cinco niños, y todo un vecindario negro fue incinerado. En 1993, tras un sitio de 51 días, el Departamento de Justicia de Bill Clinton ordenó un ataque contra la secta religiosa integrada de la Rama Davidiana, cerca de Waco, Texas, matando así a 80 hombres, mujeres y niños.
Los individuos homicidas que han llevado a cabo tiroteos masivos en los últimos años típicamente lo han hecho con armas semiautomáticas, como el AR-15, uno de los rifles más populares del país, el cual fue usado por el asesino de Newtown. Así que el lobby del control de armas está gritando sobre la necesidad de prohibir las “armas de asalto”. Un equipo de trabajo dirigido por el vicepresidente Biden, autor de la prohibición expirada de esas armas, tiene programado redactar una propuesta para renovarla y adicionarla con nuevas restricciones. La ISO está ayudando a inflamar el frenesí liberal, declarando en “How Does This Happen?” [¿Cómo puede ocurrir esto?] (socialistworker.org, 17 de diciembre):
“Los socialistas creemos que las armas son un síntoma de la violencia, no una causa; pero nadie puede ignorar lo que ese síntoma nos dice respecto a esta sociedad enferma, donde la gente puede comprar por Internet miles de cartuchos de municiones, incluyendo las balas de alto calibre que se usaron en Sandy Hook, cuyo único propósito puede ser la ‘cacería’ de seres humanos”.
El punto de partida de la ISO es la confianza en el estado capitalista.
El escándalo por las AR-15 y similares es moneda frecuente entre los liberales estadounidenses y de otras partes, que rutinariamente señalan hacia Japón, Gran Bretaña y otros países avanzados donde el control de armas es la norma. (Una excepción es Suiza, que sigue sólo a EE.UU., Yemen y Serbia en número de armas per cápita, y donde sólo hubo 40 muertes por arma de fuego en 2010.) Mientras en las ciudades estadounidenses la policía persigue a los jóvenes negros y latinos con el pretexto de la posesión de drogas y/o armas, en Gran Bretaña la policía detiene a jóvenes negros y asiáticos en busca de drogas y/o cuchillos. En ambos casos, la policía los trata con brutalidad y los mata impunemente.
La violencia patológica tiene lugar independientemente del tipo de armas que pueda conseguirse. El mismo día de la matanza en Newtown, un perturbado mental en China, donde la burocracia estalinista dominante mantiene un estricto control de armas, invadió una escuela primaria y acuchilló a 22 niños y un guardia escolar. En todos los casos, el fondo es que los trabajadores deben tener los medios para defenderse y defender a otros.
Derechos de los negros y derecho a las armas
Aunque casi la mitad de los hogares estadounidenses tiene por lo menos un arma, existe la percepción de que quienes defienden los derechos de la Segunda Enmienda son sólo los de la franja derechista, racista y antiinmigrante. Sí, existen lunáticos reaccionarios aficionados a las armas que creen que Estados Unidos enfrenta hoy una invasión de México o quizá de los helicópteros negros de la ONU. Pero la verdad básica del asunto es algo que solía ser bien sabido entre los militantes sindicales y negros: si las armas fueran ilegales, sólo las tendrían los policías, los criminales y el Ku Klux Klan.
La violencia peculiar que se halla entretejida en el entramado de la sociedad capitalista estadounidense surge principalmente de la opresión especial de los negros, una herencia de la esclavitud. Y cualquier lectura seria de la historia y la realidad social de este país deja en claro la absoluta necesidad de la autodefensa negra. A finales del siglo XIX cuando el terror racial barría el Sur, donde imperaba el sistema Jim Crow, la luchadora contra los linchamientos Ida B. Wells escribió:
“Las únicas ocasiones en que un afroamericano logra escapar de un ataque son en las que tiene un arma y la usa para defenderse.
“La lección que esto enseña, y en la que todo afroamericano debe reflexionar, es que un rifle Winchester debe ocupar un lugar de honor en cada hogar negro, y que debe usarse para esa protección que la ley nos niega”.
—citado en Jacqueline J. Royster, ed., Southern Horrors and Other Writings: The Anti-Lynching Campaign of Ida B. Wells, 1892-1900 [Horrores del Sur y otros escritos: La campaña antilinchamientos de Ida B. Wells, 1892-1900] (1997)
Esto no es sólo una cuestión de libros de historia. En junio de 2011, siete matones adolescentes blancos mataron a golpes a un obrero automotriz de 49 años llamado James Craig Anderson en Jackson, Mississippi, mientras coreaban “White Power” [Poder blanco]. De haber estado armado, posiblemente Anderson seguiría vivo.
Históricamente, la autodefensa negra siempre ha enfrentado una frenética represión estatal. Las primeras leyes de control de armas del siglo XX se aprobaron en estados como Carolina del Sur, Tennessee y Mississippi como un medio para desarmar a los negros ante el terrorismo del KKK. Con el ascenso del movimiento de los derechos civiles, el control de armas volvió a asociarse con el miedo de la clase dominante a la combatividad de los negros. Robert F. Williams, el líder del NAACP [Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color] en Monroe, Carolina del Norte, se vio forzado a abandonar el país por organizar un escuadrón para defenderse de los ataques racistas. En Louisiana, y algunos otros estados del Sur, los Deacons for Defense and Justice [Diáconos por la Defensa y la Justicia] recurrieron con éxito a las armas de fuego para proteger al movimiento de los derechos civiles de los ataques del Klan. Entre las armas comunes de los Deacons estaba la carabina M-1, un “fusil de asalto” que habían aprendido a usar en el ejército.
Un artículo de Jill Lepore publicado en el New Yorker (23 de abril de 2012) señaló que “en los años sesenta, la posesión de armas como derecho constitucional figuraba más en la agenda de los nacionalistas negros que en la de la NRA”. En 1965, el Consejo de la Ciudad de Nueva York pasó una ley específicamente para impedir a Malcolm X portar una carabina para su protección; poco después, fue asesinado. En 1967, la legislatura de California prohibió portar armas cargadas después de una manifestación de los Panteras Negras, ante el capitolio estatal de Sacramento, en la que estaban portando armas legalmente. Los Panteras habían estado patrullando las calles de Oakland, donde el terror policiaco había sido generalizado. La prohibición estatal vino seguida de otras leyes de control de armas al nivel nacional, especialmente tras los levantamientos en los guetos que siguieron al asesinato de Martin Luther King en 1968.
Hoy, los negros, que figuran desproporcionadamente como víctimas de la violencia armada, son los que más necesitan medios para defenderse. Sin embargo, en muchos centros urbanos, los llamados al control de armas estricto que impulsan demócratas negros como el congresista John Lewis y Al Sharpton encuentran cada vez más apoyo entre los habitantes de los guetos. Estos llamados no hacen sino alimentar los humillantes programas de detención-y-cateo que lleva a cabo la policía de Nueva York y la de otras ciudades del país.
Los crímenes violentos en los guetos y barrios son un resultado directo del extendido desempleo y la indigencia que produce el funcionamiento normal del sistema capitalista de ganancia. Los jóvenes empobrecidos arrojados a los vertederos del capitalismo no ven muchas oportunidades de salir adelante fuera de arriesgar sus vidas en el ejército o quizá aceptar algo de droga para venderla. Los marxistas llamamos por la despenalización de las drogas, lo que eliminaría las bases de la superganancia que representa el narcotráfico y su violencia concomitante.
Sobre todo, la situación pide a gritos una lucha clasista por empleos, vivienda y educación de calidad para todos. Esa tarea exige construir un partido obrero revolucionario que fusione la ira de los guetos y los barrios con un movimiento obrero revivido y muestre el camino para derrocar al racista sistema capitalista mediante una revolución socialista.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/37/newtown.html
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2016.06.04 03:15 ShaunaDorothy Siguen los feminicidios en Ciudad Juárez - ¡Ninguna ilusión en el estado burgués! ¡Por un partido obrero tribuno del pueblo! (Primavera de 2011)

https://archive.is/Fsjfk
Espartaco No. 33 Primavera de 2011
Mujer y Revolución
Marisela Escobedo inició su activismo tras el asesinato de su hija Rubí Frayre Escobedo, de 16 años de edad, en agosto de 2008. En busca de justicia, llevó a cabo una serie de protestas que resonaron internacionalmente, en especial tras la liberación en mayo pasado de quien confesó haber asesinado a su hija (La Jornada, 6 de julio de 2010). Instalada en protesta frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Marisela fue asesinada a quemarropa el 16 de diciembre.
Susana Chávez, activista autora de la consigna “Ni una muerta más” que creó en lucha por los derechos de las mujeres y contra los asesinatos en esa ciudad fronteriza, fue violada y después asesinada en enero pasado. La fiscalía estatal insistió en que los culpables de su muerte fueron tres varones menores de edad con quienes bebía, sosteniendo así que su asesinato no tenía nada que ver con su activismo.
No sabemos quién las mató. El hecho es que Susana Chávez y Marisela Escobedo se han sumado a las más de mil víctimas de los horrendos feminicidios que han hecho a Ciudad Juárez tristemente célebre desde los años 90. Desgraciadamente, como escribimos en “Ciudad Juárez: Capitalismo y terror misógino” (Espartaco No. 21, otoño-invierno de 2003), “El simple hecho de buscar algo de justicia le puede convertir a uno en blanco de ataque”.
Militarización y terror estatal
En el contexto de desempleo y desesperación con el TLC y la crisis económica, el narcotráfico ha cobrado una relevancia económica crucial en el país. La horrenda realidad de la narcoviolencia —que se ha sumado a los infames feminicidios— ha proporcionado al presidente Felipe Calderón del derechista Partido Acción Nacional (PAN) un pretexto para fortalecer sistemáticamente el aparato represivo del estado burgués.
Si en algo ha resultado el despliegue del ejército ha sido en un incremento del derramamiento de sangre y la represión intensificada contra la clase obrera y los pobres del campo y la ciudad. La narcoviolencia junto con la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón han devorado a miles en el último trienio: en 2008 fueron contados más de mil 500 homicidios, en 2009 fueron más de 2 mil y en 2010 el número se elevó a más de 3 mil personas asesinadas tan sólo en Ciudad Juárez, lo que la ha convertido en una de las ciudades más violentas del planeta.
En la creciente militarización del país y la ola de terror estatal, el derechista PAN ha contado con el firme apoyo de los demás partidos burgueses, prominentemente el PRI y el PRD. Éste último, que a menudo se presenta como “amigo” de explotados y oprimidos, se ha sumado a la campaña de “No más sangre” mientras militariza los estados que gobierna —como Guerrero, donde las fuerzas estatales aterrorizan cotidianamente a la población principalmente campesina y en gran parte indígena—.
¡Ninguna ilusión en el estado burgués!
Nos solidarizamos plenamente con el anhelo de justicia de los familiares de las muertas de Juárez. Pero su desesperación e impotencia es a menudo canalizada hacia una de las más mortales ilusiones: la idea de que con la depuración de las fuerzas estatales y más presencia policiaca los crímenes antimujer terminarán. Así, las protestas contra los feminicidios han estado permeadas por llamados contra la impunidad y por el castigo a los culpables. Pero la solución no es presionar al estado capitalista —una maquinaria de represión sistemática contra los obreros y oprimidos para mantener a la burguesía como clase dominante—. Es necesario entender que el reforzamiento del aparato represivo estatal sólo significará más golpizas y asesinatos de sindicalistas y huelguistas, más feminicidios y mayor narcoviolencia.
Estas ilusiones en el estado son prominentemente impulsadas por la agrupación feminista Pan y Rosas, ligada a la seudotrotskista Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS). Pan y Rosas publica acríticamente en su blog un recuento de La Jornada de la marcha del 15 de enero —convocada por ellos mismos y la LTS, entre otros— en el que se dice que en la protesta se insistió en la exigencia de “remover a las autoridades incompetentes”. Escribe también que “los altos niveles de impunidad son la base de los feminicidios” y lanza el llamado por “¡Destitución, juicio y castigo a los jueces y autoridades implicados en negligencias en casos de feminicidios!” Pero no hace falta ser marxista para saber que, tanto en lo referente al terror misógino como a la narcoviolencia, la intersección entre autoridades estatales y criminales es enorme.
De manera más fundamental, los marxistas genuinos sabemos que el papel del estado burgués —en cuyo núcleo se encuentran el ejército, la policía, los tribunales y las cárceles— es asegurar el dominio de la burguesía, y una parte clave de este dominio es la subyugación de la mujer. ¡No hay justicia en los tribunales capitalistas!
Reflejando nuestra perspectiva marxista de poner nuestra fe en la fuerza de la clase obrera y de combatir la ideología retrógrada entre los obreros, escribimos en nuestro artículo de 2003:
“Los militantes sindicales más conscientes deben luchar por movilizar el poder social de la clase obrera para combatir la opresión de la mujer, por organizarla en los sindicatos con salarios y derechos iguales a los de los hombres. Deben luchar por servicios médicos gratuitos y de calidad, por el derecho al aborto libre y gratuito, y por organizar destacamentos obreros para defender a las mujeres contra estos ataques. Pero las dirigencias sindicales actuales ni siquiera están interesadas en exigir camiones de transporte de personal —una prestación básica— mientras muchas obreras en Juárez son asesinadas andando por parajes solitarios camino al trabajo o de regreso a su casa. La situación de la mujer obrera es, por sí sola, una muestra de la total bancarrota, del rastrerismo y del machismo de la burocracia sindical”.
¡Liberación de la mujer mediante la revolución socialista!
El marxismo difiere del feminismo centralmente sobre la cuestión de cuál es la división fundamental de la sociedad. Los feministas sostienen que es hombres vs. mujeres, mientras los marxistas entienden que es de clase, es decir, explotadores vs. explotados. Una mujer obrera tiene más en común con sus colegas hombres que con una patrona, y la emancipación de la mujer es la tarea de la clase obrera en su conjunto. El ingreso de las mujeres al proletariado les abre el camino a la liberación: su ubicación en el centro de producción les da el poder social, junto a sus compañeros hombres, para derrotar el sistema capitalista y sentar las bases para la liberación de la mujer.
La opresión especial de la mujer se origina en la sociedad de clases misma y sólo puede ser arrancada de raíz mediante la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción. Una de las ironías de la historia es que la opresión de la mujer está vinculada con uno de los primeros avances sociales: el desarrollo de la tecnología —la agricultura, el trabajo del metal y otros avances revolucionarios— creó la posibilidad de que existiera un excedente social, y una clase dominante ociosa se pudo desarrollar basándose en la apropiación privada de ese excedente, sacando así a la humanidad del igualitarismo primitivo de la Edad de Piedra. La centralidad de la familia se derivó de su papel en la sucesión de la propiedad, que exigía la monogamia sexual de la mujer y su subordinación social. Engels llamó a esto “la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo”.
La familia, la principal fuente para la opresión de la mujer en la sociedad de clases, no puede ser abolida, debe ser remplazada por la socialización del cuidado de los niños y el trabajo doméstico. La abundancia material necesaria para desarraigar la sociedad de clases y liberar a la mujer y la juventud de los embrutecedores confines de la institución de la familia requiere los más altos niveles tecnológicos y científicos sobre la base de una sociedad socialista planificada al nivel internacional.
La situación de la mujer en los países capitalistas avanzados, donde ha alcanzado cierta medida de igualdad formal, muestra los límites de libertad y progreso social bajo el capitalismo. En los países de desarrollo capitalista atrasado como México, donde la aguda opresión de la mujer está profundamente enraizada en la “tradición” precapitalista y el oscurantismo religioso, condiciones que son reforzadas por la subyugación imperialista, esta lucha es una fuerza motriz particularmente poderosa para la revolución social. Para desatar el potencial revolucionario de la lucha por la emancipación de la mujer es necesaria la dirección de un partido de vanguardia proletario armado con una visión amplia y nueva de un orden social de igualdad y libertad.
¡Por un partido leninista-trotskista tribuno del pueblo! ¡Romper con el PRD burgués!
Un partido obrero de vanguardia que actúe como tribuno de todos los explotados y oprimidos deberá inscribir muy alto en sus banderas el llamado a la lucha contra la opresión de la mujer —una cuestión estratégica para la revolución socialista—. Los espartaquistas luchamos por la igualdad plena para las mujeres y su total integración a la fuerza de trabajo, por pago igual por trabajo igual. Defendemos las reformas aprobadas en años recientes en la capital que, aunque limitadas, legalizan el aborto durante los primeros tres meses del embarazo, al tiempo que luchamos destacadamente por el derecho democrático elemental al aborto libre —es decir, sin ninguna restricción— y gratuito; defendemos también las reformas que otorgan a los homosexuales el derecho al matrimonio y la adopción y luchamos por plenos derechos democráticos para los homosexuales.
Quienes luchan por los derechos de la mujer y los oprimidos no deben tener ninguna ilusión en el PRD burgués. En el D.F. —una ciudad un tanto más cosmopolita y con cierta tradición laica— el PRD ha impulsado dichas reformas, en tanto que varios de sus diputados en los estados se han sumado a la oleada reaccionaria contra el aborto que ha endurecido las penas contra las mujeres y los médicos que se los practiquen en 18 de los 32 estados del país (ver Espartaco No. 32, otoño de 2010). Lo fundamental es entender que, siendo un partido del capital, el PRD es un enemigo de la genuina emancipación de la mujer, no menos que el PRI y el PAN.
Es necesario que la clase obrera en su conjunto haga suya la lucha por la emancipación de la mujer. Los espartaquistas luchamos por construir un partido obrero revolucionario e internacionalista para poner alto a la explotación del hombre por el hombre, única manera de acabar con la brutal opresión de la mujer.
Feminismo burgués y teorías de la conspiración en torno a las muertas de Juárez
Esclareciendo la historia
(Mujer y Revolución)
Hace doce años, con el breve artículo “Explotación capitalista y terror antimujer” (Espartaco No. 13, otoño-invierno de 1999), el Grupo Espartaquista de México adoptó la posición de que los tristemente célebres asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eran producto de una campaña orquestada, al escribir que “tiene[n] un tufo terrorista y siniestro, particularmente contra la joven clase obrera”. Cuatro años después, celebramos “el poderoso documental Señorita Extraviada producido por Lourdes Portillo en 2001”, el cual desempeñó un papel importante en la popularización de teorías de la conspiración en torno a Juárez, y citamos acríticamente una opinión de que estos asesinatos mostraban “vestigios de un rito personal” (“Capitalismo y terror misógino”, Espartaco No. 21, otoño-invierno de 2003). En el presente año, la edición anterior de Espartaco (“Siguen los feminicidios en Ciudad Juárez”, No. 33, primavera de 2011) continuó en el mismo tenor, incluso adoptando el término “feminicidio”.
Mediante la discusión y el estudio internos en la LCI, llegamos recientemente a la conclusión de que esta posición era incorrecta y representó una acomodación al liberalismo y el feminismo burgueses y, de hecho, a la Iglesia Católica. El movimiento en torno a las muertas de Juárez —que ha adoptado una cruz rosa como su símbolo—, aglutina a una gran variedad de organizaciones y personalidades liberales y feministas tanto en México como en EE.UU., a agrupaciones religiosas y a la totalidad de la izquierda reformista mexicana. Incluso mediante el empleo de teorías de conspiración que llegan a involucrar todo tipo de “rituales”, la campaña sobre las muertas de Juárez, desde su inicio en los años 90, ha explotado estos asesinatos con el propósito fundamental de fortalecer las fuerzas represivas del estado burgués e impulsar la perspectiva feminista de la opresión de la mujer como algo eliminable dentro del marco del capitalismo mediante reformas y el cambio de actitudes, al tiempo que enaltece a la familia nuclear burguesa, uno de los pilares fundamentales de la opresión de la mujer. Los marxistas revolucionarios entendemos, sin embargo, que la violencia contra la mujer —incluyendo el crimen violento— es inherente al capitalismo. Lejos de las historias amarillistas de asesinatos seriales o una campaña de terror orquestada contra las mujeres, este fenómeno tiene base en problemas sociales mucho más amplios, incluyendo el creciente nivel de violencia criminal y estatal en la región en aproximadamente la última década y media.
El presentar la violencia contra la mujer como la obra de conspiraciones desempeña un papel político importante en la agenda reformista de la campaña contra los “feminicidios” al desviar la atención lejos de la horrenda realidad del sistema capitalista de explotación y opresión. La violencia contra la mujer no se reduce, por cierto, a Ciudad Juárez: de hecho, la tasa (muertes por 100 mil habitantes) de asesinatos de mujeres en la ciudad de Toluca, por ejemplo, casi triplica la de Ciudad Juárez. Por otro lado, la violencia particular contra la mujer se añade a la violencia criminal generada por la pauperización en la franja fronteriza especialmente tras el fin del boom de la maquila a principios de la década pasada y, por supuesto, a la creciente militarización del país. Y, evidentemente, el número de víctimas masculinas de la violencia en general es mucho más alto: 306 mujeres fueron asesinadas de un total de tres mil homicidios en 2010 en Juárez, ahora la ciudad más violenta de México. La “guerra contra el narco” se ha convertido en el factor más importante para el enorme aumento de homicidios; son al menos 50 mil al nivel nacional desde que inició la campaña del gobierno.
Sobre todo, lo que muestran las estadísticas es que los llamados “feminicidios” son más que a menudo cometidos por parientes o conocidos de las víctimas, y no por oscuras mafias involucradas en horrendos rituales. La mayoría de las tres mil 726 mujeres asesinadas en México entre diciembre de 2006 y octubre de 2009 fueron víctimas de violencia doméstica (La Jornada, 16 de noviembre de 2009). Similarmente, la escritora liberal estadounidense Debbie Nathan, quien tiene el mérito de haber analizado críticamente algunas de las afirmaciones fundamentales del movimiento, observó que, en la mayor parte de los 270 casos presentados por Lourdes Portillo en su afamado documental, el victimario había sido un pariente o pareja de la víctima (“Missing the Story” [Extraviando la historia], en The Texas Observer, 30 de agosto de 2002). No hay pues una “oleada de terror”; este tipo de violencia asesina es el reflejo —brutalmente común— de la opresión especial de la mujer que es parte integral del capitalismo.
En el mismo artículo, Nathan observó el beato componente moralista —impregnado de religiosidad— de esta campaña, señalando que el documental de Lourdes Portillo:
“hace eco de los esfuerzos desesperados [de los familiares de las víctimas] por presentar a sus hijas como jóvenes mujeres que merecen justicia, e incluso los amplifica. Es enfurecedor, pero México sigue siendo un lugar en donde los políticos, la policía y la sociedad en general adoran buscar razones por las cuales una mujer joven que sufre violencia sexual es una puta que ‘merecía’ ser violada e incluso asesinada. Las cosas probablemente son aun peores en Juárez, dado su odio particular hacia las prostitutas. El gobernador del estado en los años 90, Francisco Barrio, dijo que las mujeres de la ciudad estaban invitando a que las asesinaran al pasar el rato con las personas equivocadas en bares... las familias son pues reacias a aceptar que sus amadas hijas sí van a cantinas, y muchas sí comunican sexualidad mediante sus ropas. Pero aceptarlo es implicar que la hija de uno es una mujerzuela sin remedio. Es un cruel acertijo que ha forzado a los activistas en Juárez a utilizar una retórica pública según la cual las víctimas son todas inocentes jovencitas feligresas. En todo Juárez, quienes protestan honran la memoria de las mujeres pintando cuadros rosas y crucifijos en los postes. Incluso en el título Señorita Extraviada hay una imagen verbal similar, dado que ‘señorita’ en español significa mujer joven, pero también quiere decir ‘virgen’. El uso de estas representaciones —y la implicación de que el gobierno rapta vírgenes para hacer malévolas películas snuff— hace que la situación parezca horrible, pero al menos fácil de entender y de luchar contra ella. Pero ‘desaparece’ a las casadas, a las que viven en concubinato, a las que tienen muchos hijos, a las mujeres de mediana edad, a las mayores, a las bailarinas exóticas —y, sí, incluso a las prostitutas— cuyos cuerpos también han sido diseminados por todo Juárez por sus amantes, maridos y parientes”.
El estado burgués y el origen de la opresión de la mujer
Los marxistas sabemos que la división fundamental de la sociedad es de clase, es decir, explotados vs. explotadores, y la emancipación de la mujer es la tarea del proletariado en su conjunto. La opresión de la mujer nació de la mano con el surgimiento del estado tras el final de la antigua sociedad de cazadores y recolectores, donde había igualdad entre el hombre y la mujer. La necesaria división del trabajo, basada en el papel que desempeñan las mujeres en la procreación, no conllevaba subordinación alguna basada en el sexo. Pero con el desarrollo de una clase dominante propietaria se hizo necesario contar con un medio seguro para la herencia de propiedad y poder, y eso implicaba la fidelidad forzada de la esposa para determinar la paternidad de los niños. El estado apareció para asegurar la dominación de la clase en el poder mediante la fuerza. Fue así que nació la familia monógama, en la que el matrimonio significaba la subyugación de las mujeres por los hombres. Como explicó Friedrich Engels en su obra clásica El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, “el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva, originada espontáneamente” trajo consigo “la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo”.
En la sociedad capitalista, un propósito de la institución de la familia es imponer sobre la clase obrera la carga de criar a la siguiente generación de trabajadores asalariados. La madre es subyugada por el pesado trabajo doméstico y el cuidado y crianza de los jóvenes, los viejos y los enfermos, y se les enseña a los niños a respetar la autoridad. La institución de la familia se debe remplazar mediante servicios socializados en una economía planificada internacionalmente para lograr la liberación de la mujer de manera real. El estado burgués existe para ejercer la represión al servicio de la clase capitalista gobernante mediante las cárceles, los policías, el ejército y los tribunales. El estado no puede reformarse para servir los intereses de los explotados y oprimidos —incluyendo a las mujeres—; tiene que ser destruido mediante la revolución socialista. No hay remedio bajo el sistema capitalista de explotación, ya que la opresión de la mujer es fundamental para su funcionamiento.
Marxismo vs. feminismo burgués
El feminismo es una ideología burguesa que sostiene que la división social fundamental es aquélla entre hombres y mujeres; el problema de los feministas con el status quo de la sociedad capitalista se reduce al porcentaje de los privilegios de las clases altas que les toque a las mujeres. Por ende, cualquier planteamiento sobre las cuestiones que afectan a las mujeres siempre toma como punto de partida el carácter “inviolable” del estado burgués. El movimiento entero en torno a Juárez se ha caracterizado desde un principio por los llamados “contra la impunidad”, a que el estado capitalista se movilice para proteger a las mujeres, a que haga “su trabajo” eficazmente, etc. En efecto, la perspectiva de movilización policiaca masiva y legislación draconiana nominalmente para “proteger” a las mujeres es parte fundamental del ideario feminista. De hecho, uno de los propósitos del término “feminicidio” —popularizado por la reaccionaria feminista burguesa Diana Russell, quien hizo carrera con sus campañas contra la pornografía— es llamar la atención de las autoridades para fortalecer la legislación penal.
La campaña contra los “feminicidios” logró extensión internacional en 2001 con la formación de la Coalition Against Violence (Coalición contra la Violencia) —que incluye a la organización Casa Amiga—, la cual tiene una participación estadounidense considerable. La Coalición llamó por “una fuerza de tarea binacional” para investigar los crímenes. Esto se retomó también en el Caucus Hispano del Congreso estadounidense, donde se impulsó que Fox interviniera al nivel federal. En 2004, Amnistía Internacional publicó un documento que exigía centralmente la “intervención inmediata y decisiva de las autoridades federales para garantizar la justicia en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua y...que las autoridades federales y municipales cooperen plenamente con estas medidas”.
Al parecer, a las ONGs les convenía señalar al crimen organizado como responsable de los asesinatos. Mediante la Ley Federal contra el Crimen Organizado, pudieron exigir que el gobierno federal panista interviniera (a diferencia del gobierno estatal priísta). A fin de cuentas, recibieron lo que pidieron. Vicente Fox autorizó el despliegue de la Policía Federal Preventiva en Juárez y nombró una comisión especial investigadora. De esta manera, Fox encontró una justificación perfecta para mandar a la PFP a esa región industrial, lo cual antecedió la actual “guerra contra el narco”.
Si bien advertimos correctamente contra las ilusiones mortales en el estado en nuestros artículos, al mismo tiempo afirmamos que “nos solidarizamos plenamente con los reclamos de justicia de los familiares de las víctimas y de organizaciones como las ‘Mujeres de Negro’ y ‘Casa Amiga’” (Espartaco No. 21). Esta última de hecho da charlas de “capacitación” a policías, en tanto que aquélla llamaba en 2002 por una declaración de “estado de emergencia nacional” (es decir, la restricción de derechos y la movilización masiva de las fuerzas armadas) para detener los “feminicidios”. Los trotskistas genuinos no debimos —no podemos— solidarizarnos con tales llamados, que no significan otra cosa que mayor intervención estatal y “profesionalización” policiaca —exigencias que están siendo llevadas a cabo de forma masiva mediante la “guerra contra el narco”—.
La línea que tomamos sobre la campaña de Juárez representó una desviación de nuestra lucha histórica por la liberación de la mujer mediante la revolución socialista sin concesión alguna al feminismo burgués, y por ende es necesaria esta corrección pública.
(Reproducido de Espartaco No. 34, Otoño de 2011)
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/33/juarez.html
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2015.03.28 13:34 qryq Lecciones de Democracia

En España, aparecen en diversos programas de radio y televisión tertulianos enfadados y exaltados que claman un día tras otro lo que ellos llaman "la dictadura bolivariana", sin importarles que el presidente de Venezuela haya sido elegido en las urnas por una mayoría de sus votantes. Para enfatizar su discurso, califican al Gobierno de Maduro como "régimen", concepto que, en cambio, no utilizan para definir el proceso de otros gobiernos democráticos, como los de Obama o Rajoy.
Denuncian la encarcelación en Venezuela de líderes políticos opositores, pero en vez de informar que esos políticos están presos por alentar e instigar golpes de Estado contra el Gobierno, lo que hacen es utilizar la pena de sus mujeres de una forma mezquina, haciéndoles mostrar a las cámaras fotos antiguas de sus maridos, del día de su boda y con la familia. La búsqueda de sensacionalismo pretende evitar que se llegue al fondo del asunto: ¿Qué pasaría en España si un alcalde conspirase junto a militares para derrocar por las armas al Gobierno? ¿Tal vez lo mismo que allí?
Se quejan los tertulianos de que en Venezuela "no hay libertad de expresión" pero para refrendarlo ofrecen testimonios de periodistas que desde allí mismo hablan con total libertad. Paradójicamente, esa pluralidad informativa que reclaman en Venezuela es la que no existe en España cuando se habla a diario, de forma abusiva, de ese país. En los grandes medios de comunicación españoles (cuya línea editorial en su amplia mayoría de derechas), todas las noticias que aparecen sobre Venezuela son negativas y la práctica totalidad de las entrevistas y artículos que aparecen, en relación a ese país, son de opositores y de opinadores contrarios al Gobierno.
No es casual, entonces, que la mayoría de la gente crea que en Venezuela hay una dictadura y que todo lo que pasa allí es terrible. Sólo se le muestra, de forma insistente, un único punto de vista, el opositor, omitiendo generalmente y falseando mucha parte de la realidad.
Ese tono altivo con el que tantos tertulianos pretenden dar lecciones sobre lo que es democracia y lo que no lo es, en absoluto es casual. Responde a una programada y evidente campaña de intoxicación mediática que busca, en primer lugar, vender el chavismo como el demonio para después equipararlo a Podemos y así, con la combinaciónn de ambos factores, tratar de asustar a la genter y lograr que no vote a ese partido en las próximas elecciones en España. Con esta campaña se busca también, paralelamente, crear una enorme cortina de humo que sirva como distracción para esquivar el debate que más debería importarle a los españoles, que se supone que es lo que pasa en España.
Resulta no solo llamativo sino sonrojante ver cómo esos tertulianos gritan insistentemente que "aquí, en España, si que tenemos democracia". Y esa es una cuestión que hace pensar y preguntarse: ¿cuál es sus concepto de democracia?
Hay muchos elementos para rebatir esa rotundidad con la que jamás cuestionan la legitimidad democrática en este país. Para empezar, España es uno de los países avanzados en el mundo que en pleno siglo XXI aún tiene instaurada una monarquía, con poderes otorgados hace siglos se supone que por la gracia de Dios y restablecida hace cuatro décadas por el dictador Franco, como una de sus últimas decisiones antes de su muerte. La Casa Real española cobra anualmente una importante suma de dinero de los presupuestos del Estado (casi 8 millones de euros en 2015) y representa al país en multitud de actos. Aún hoy resulta utópico plantear que se someta, por primera vez, en un referéndum, a la aprobación o rechazo del pueblo español.
Resulta complicado hablar de democracia en España si recordamos que en el año 2011, quienes eran los principales partidos políticos (PSOE-PP) cambiaron el artículo 135 de la hasta entonces aparentamente inviolable Constitución por órdenes de la troika (a quien nadie había votado en España), sin someter esa decisión a referéndum popular.
Esa alergia del poder español a los referéndums se hace patente al comprobar la reciente negativa a permitir que el pueblo expresase su opinión en Cataluña. (sobre su autodeterminación) y en Canarias (sobre las propecciones petrolíferas). Ese reparo a escuchar al pueblo, por miedo a que su voz no se la que el poder quiere, no parece precisamente un claro ejercicio democrático.
¿Se puede decir que exista una democracia plena en un país cuyos sucesivos Gobiernos realizan recortes sobre unos derechos laborales que a los trabajadores les costó tantas décadas de lucha conseguir? ¿Qué democracia es esta donde la tasa de desempleo es de las más altas del mundo (un 24%), y donde mucha gente de todo el territorio (más de 68 mil lanzamientos en 2014) es desahuciada sin piedad por los bancos, verdaderos dueños del poder en el país?
España, dondel PP y PSOE están envueltos en grandes tramas de corrupción (con los casos Gürtel, Púnica y, en Andalucía, el de los ERE), es uno de los países de la Unión Europea donde más crece el riesgo de exclusión social (cifrado actualmente en el 27,3% de la población, casi 13 millones de personas) ¿Habla eso de una alta calidad democrática?
Se indignan los medios de comunicación españoles cuando la policía venezolana frena las acciones de violencia que un sector de la oposición lleva a cabo en las calles con el fin de generar el caos y desestabilización. "No hay libertad de expresión", repiten entonces los medios, olvidando que en diciembre se aprobó en España la "Ley Mordaza", mediante la cual, entre otras cosas, se limitan derechos ciudadanos fundamentales. Entre ellos, precisamente, el de manifestación.
Hay tantos ejemplos que demuestran la endeblez de la democracia española que cabe hacerse esta otra pregunta: ¿No tiene memoria en los medios de comunicación españoles, o mas bien pasa que para tratar de ocultar las miserias propias fabrican miserias ajenas (en este caso, en Venezuela)?
El caso paradigmático de todo este desbordante cinismo lo encontramos al comprobar la muy diferente vara de medir que existe cuando se compara el profundo rechazo e indignación que produce en España el Gobierno venezolano (que ha sido elegido democráticamente por su pueblo en las urnas), con la actitud servil que mostraron los grande medios de comunicación cuando, por ejemplo, Gallardón le dio a Gadafi las llaves de la ciudad de Madrid, cuando Esperanza Aguirre visitó China para "estrechar lazos comerciales", cuando el rey visita Marruecos en representación oficial o cuando ministros del Gobierno son fotografiados en sus reuniones con jeques de Arabia Saudí. Al ser cuestionados sobre cómo es posible que los gobernantes de España mantengan relaciones con países claramente dictatoriales, los tertulianos miran para otro lado y responden: "Son negocios."
La conclusión que se extrae al repasar las múltiples aristas que presenta la democracia española es que lo que enerva e irrrita a los tertulianos, convertidos en títeres de los grandes medios de comunicación, no es la falta de democracia de los países sino la imposibilidad de hacer en ellos negocios a los que sí está acostumbrados en los territoiros cuyos Gobiernos se someten a su voluntad y antojo empresarial.
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